Fuente: La Tercera. Similar a la preocupación de la industria del vino, en cuanto al impacto que tendría para la industria la aplicación de un impuesto específico a los alcoholes, propuesta en el programa de gobierno de la Presidenta electa, Michelle Bachelet, se replica entre los productores de pisco y de cerveza.
La gerenta general de la Asociación de Productores de Cerveza de Chile (Acechi), Ximena Bravo, dice que aunque el alza es aún una declaración de intenciones por parte del próximo gobierno, prevén efectos negativos para la industria y para la recaudación fiscal. “El mercado no responderá de manera lineal y el consumo se va a desplazar hacia otro mercado que es ilegal”, advierte. Según los cálculos del gremio, si se materializa la propuesta, el precio de la cerveza subirá, en promedio, 40% por litro y el doble en el caso de las líneas más económicas, debido a que, tras el cambio, el tributo se aplicaría a la cantidad de alcohol puro que tenga el producto y no respecto de su valor.
Bravo afirma que hoy las cervezas pagan un impuesto que equivale a $ 1,84 por litro de alcohol puro y que equiparar esto al promedio de la Ocde significaría llegar a $ 7. “Este no es un escenario justo para la industria. Además, está demostrado que es casi proporcional el alza que se aplica en los impuestos con el crecimiento del mercado ilegal”, señala. Agrega que las ventas de la industria caerían cerca de 45% y que esto repercutiría en los cerca de 110 mil empleos directos e indirectos que el sector genera.
En el caso del pisco, también consideran que un nuevo tributo sería negativo para el sector productivo y para los agricultores que los proveen de uvas en las regiones III y IV, sobre todo, considerando que estos últimos ya cargan con las dificultades propias de ocho años consecutivos de sequía. “Esto va a ser un nuevo castigo para el sector”, dice el gerente general de Capel, Roberto Salinas.
El ejecutivo considera que es prematuro sacar cuentas, pero que un impuesto mayor obviamente haría caer el consumo. Agrega que la proporción en que eso ocurra dependerá de la magnitud del cambio tributario. Salinas también confía en que cualquier decisión que se adopte al respecto considerará la opinión de la industria. “Estoy cierto de que el próximo gobierno consultará y podremos entregar nuestras opiniones para tratar de compatibilizar los intereses generales con estos particulares”, indica. Por ahora, el gerente de Capel prefiere no cuantificar el efecto en el consumo. Asegura que esperará conocer la propuesta final de las próximas autoridades antes de entrar al detalle del tema. “Una vez que se debata el tema, queremos estar sentados a la mesa de negociación para dar a conocer nuestra opinión”, asegura.